viernes, 25 de octubre de 2013

CSIF Andalucía se opondrá al recorte en las pagas extra de 2014 en la Mesa General del lunes y planifica ya su campaña de protesta y movilizaciones.


La Asesoría Jurídica de la Central Sindical estudia ya las posibles acciones legales si se confirma la medida, que CSIF Andalucía exige que sea desmentida cuanto antes por la consejera de Hacienda y Admón. Pública.

            Sevilla, 23 de octubre de 2013

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Andalucía asegura que, de consumarse en la Mesa General Común de Negociación del Empleado Público del próximo lunes el recorte a las pagas extra de 2014, se opondrá frontalmente y pondrá en marcha una campaña de protesta y movilizaciones a nivel autonómico y provincial.
En este sentido, CSIF Andalucía, como sindicato mayoritario de la Función Pública Andaluza, puntualiza que no va a consentir, de ningún modo y bajo ningún pretexto, que se consume un nuevo ataque a las condiciones sociolaborales y económicas de unos Empleados Públicos que ya han perdido casi un 40 por ciento de poder adquisitivo desde la llegada de la crisis.
Así, la Central Sindical tiene ya diseña la campaña de protestas y movilizaciones contra la posible medida, así como a toda su Asesoría Jurídica trabajando ante la posibilidad de recurrir ante los tribunales de Justicia, como hizo con el Plan de Ajuste 2012-2013, el enésimo ataque de la Junta de Andalucía para con sus trabajadores, que vuelven a ser recortados y discriminados por una Administración que los convertirá presumiblemente en 2014 nuevamente en los únicos de todo el país que no cobren íntegramente sus pagas extraordinarias.
CSIF Andalucía confía, además, que la consejera de Hacienda y Administración Pública desmienta cuanto antes la posible aplicación de la medida y que dé las explicaciones oportunas en la Mesa General del lunes a los sindicatos mayoritarios de la Función Pública andaluza, encabezados por esta Central Sindical.
Para CSIF Andalucía, existen muchas medidas para ajustar un presupuesto que, desde hace tiempo, se viene vendiendo como “restrictivo” antes de acudir de nuevo al recorte de las condiciones de los Empleados Públicos y exige que se tengan en cuenta todas las propuestas que esta Central Sindical ya realizó en 2012 para aminorar el efecto sobre los Empleados Públicos del Plan de Ajuste y que siguen sin ejecutarse, como la reducción de los altos cargos, de las retribuciones de los parlamentarios, así como de los gastos suntuarios de la Administración.
Por último, CSIF Andalucía vuelve a advertir que pondrá en marcha toda su maquinaria autonómica y provincial para que la Junta de Andalucía recapacite y no vuelva a actuar de mala fe contra unos Empleados Públicos que ya han sufrido numerosos recortes en los últimos cuatro años y que siguen siendo el objetivo de las medidas económicas de nuestros políticos, con efectos perjudiciales sobre el empleo, el consumo y las condiciones macroeconómicas de Andalucía.



miércoles, 23 de octubre de 2013

CSIF Andalucía advierte a la Junta que tendrá cumplida respuesta si vuelve a atacar a los empleados públicos



Ante la convocatoria de Mesa General para el próximo lunes 28, la Central Sindical espera saber de la Administración cómo les afectará el Presupuesto de 2014 y cómo recuperarán lo retraído en las pagas extra de 2012 y 2013 .

Sevilla, 22 de octubre de 2013

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Andalucía advierte a la Junta de Andalucía que tendrá “cumplida respuesta en la calle” si vuelve a atacar a los Empleados Públicos andaluces en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2014.
Tras ser convocados para la Mesa General Común de Negociación del Empleado Público, que se celebrará el próximo lunes a las 17:00 horas, CSIF Andalucía espera saber de la propia Administración cómo afectarán los Presupuestos de 2014 a los Empleados Públicos andaluces, que ya llevan dos años sufriendo ataques y recortes y que será los únicos, con los de Cataluña, que no percibirán íntegras sus pagas extraordinarias en el próximo mes de diciembre.
CSIF Andalucía, como sindicato mayoritario de la Función Pública andaluza, confía en que en dicha Mesa, único foro legitimado para ello, la Junta de Andalucía tenga un gesto con los Empleados Públicos andaluces y anuncie que quedan  suprimidos los recortes para los complementos autonómicos de las pagas extraordinarias de 2013, así como marcar una hoja de ruta para ver cómo recuperarán lo retraído durante 2012 y 2013 por el Plan de Ajuste aprobado en mayo de 2012.
Así, CSIF Andalucía pide a la consejera de Hacienda y Administración Pública que actúe para que no seguir castigando a sus Empleados Públicos con medidas que los han convertido en los más castigados y recortados de España, y que han visto cómo han perdido casi 40 por ciento de sus retribuciones en estos últimos años con las medidas diseñadas y ejecutadas tanto del Gobierno Central como del Ejecutivo Autonómico.
Los Empleados Públicos andaluces han visto incrementada además su jornada en 2,5 horas semanales, perdiendo días de vacaciones, ayudas de acción social y todos los descuentos económicos ejecutados por ambos gobiernos. Por ello, ante la nueva e injusta congelación dictada por el Ejecutivo central, CSIF Andalucía solicita a la Junta de Andalucía que no dañe, aún más, a sus propios Empleados Públicos.
En este sentido, CSIF Andalucía recuerda que los Empleados Públicos andaluces ya han sufrido agravios con respecto a los de la Administración Central, que la paga extra de junio la cobraron íntegra mientras en Andalucía fueron recortados los complementos autonómicos, hecho que se repetirá ahora en diciembre.
Por ello, esta Central Sindical pide al Ejecutivo de Susana Díaz que restituya íntegramente la paga extra de diciembre y despeje cualquier duda sobre las del año 2014, y a la vez nos sentemos a negociar la recuperación de la acción social los días de libre disposición así como la jornada laboral.
CSIF Andalucía no va a consentir nuevas agresiones contra los Empleados Públicos y anuncia que, de ser atacados en la Mesa General del lunes, convocará movilizaciones en una nueva campaña de acciones de protesta diseñada para los próximos meses en todas las provincias andaluzas.

miércoles, 2 de octubre de 2013

CSIF Andalucía urge a la consejera de Hacienda y Admón. Pública a aclarar si mantendrá íntegras en 2014 las pagas extra de los Empleados Públicos.


La Central Sindical ha solicitado por escrito que se convoque de manera urgente la Mesa General de la Función Pública para saber cuanto antes si la Junta mantiene recortadas las pagas extra como ha sucedido en 2012 y 2013 y el resto de repercusiones del presupuesto a los Empleados Públicos.

Sevilla, 1 de octubre de 2013

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Andalucía urge a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, si el presupuesto de la Comunidad acogerá un nuevo recorte de las pagas extraordinarias de 2014 de los Empleados Públicos, al anunciar que “la premisa es no añadir ningún recorte salarial a lo percibido en 2013 por los Empleados Públicos”.

CSIF Andalucía recuerda que, durante 2012 y 2013, los Empleados Públicos andaluces vieron recortadas sus pagas extraordinarias en sus complementos autonómicos por la aprobación en mayo de 2012 del Plan de Ajuste. De hecho, los Empleados Públicos andaluces no percibirán de manera íntegra la paga extraordinaria del próximo mes de diciembre, por lo que las declaraciones de la consejera no hacen más que sembrar dudas e incertidumbre sobre las retribuciones de los Empleados Públicos del año próximo.

Ante su preocupación y ante la responsabilidad que conlleva ser el primer sindicato de la Función Pública andaluza, CSIF Andalucía ha solicitado por escrito a la consejera Montero la convocatoria urgente de la Mesa General de la Función Pública para saber las repercusiones del presupuesto de la Comunidad para 2014 en las condiciones de los Empleados Públicos y para negociar en dicho foro la restitución de lo retraído durante los dos últimos años de sus retribuciones. Esta Central Sindical espera, no obstante, que la Junta de Andalucía sea sensible al esfuerzo realizado por unos Empleados Públicos que llevan sufriendo cuatro años consecutivos de recortes y de congelación salarial y que estas mismas Navidades no percibirán íntegramente la paga extraordinaria por el Plan de Ajuste aprobado por la Junta de Andalucía en mayo de 2012 y que han perdido en estos últimos años casi el 40% de su poder adquisitivo. CSIF Andalucía anuncia que, como en aquella ocasión y siempre que ha sentido una agresión directa a los derechos de los Empleados Públicos, si esta se vuelve a producir tendrá cumplida respuesta de esta Central Sindical, que volverá a movilizarse en defensa de los Empleados Públicos.

Paralelamente, CSIF Andalucía confía en que la consejera cumpla su voluntad de mantener el empleo público y aboga por la convocatoria de más plazas públicas que palíen en medida de lo posible la pérdida de más de 62.000 puestos de empleo público en Andalucía desde 2012 y se pone a disposición de la Administración para llegar a acuerdos para ello.

martes, 1 de octubre de 2013

lunes, 30 de septiembre de 2013

Jornadas Institucionales en PRL, sobre Vigilancia de la Salud: Derecho u Obligación.

Acción Social


Desde la Sección Sindical del CSI-F os recordamos las ayudas contempladas en Reglamento y Plan de Acción Social de la Universidad de Huelva que se deben presentar en la PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE contempladas en el art.11 del citado Reglamento.

ACCIÓN SOCIAL NO AUTOMÁTICA
Área Educativa:
Ayudas para libros y material escolar.
Área Asistencial:
1) Ayudas para el cuidado de hijos menores de tres años.
2) Ayudas para la escuela infantil de la Universidad de Huelva

Además os adjuntamos el enlace a las
solicitudes y anexos que se deben presentar en el Registro General de la Universidad de Huelva junto con el Reglamento de Acción Social en el cual podréis consultar la documentación adicional.
El pasado año, por estas mismas fechas, os informábamos de las palabras del Gerente: “Las ayudas correspondientes al Plan de Acción Social 2011/2012 han quedado SUSPENDIDAS, que no suprimidas”. Alegaba falta de liquidez para poder afrontar los pagos.
No obstante, y ante la falta de una comunicación oficial sobre tan delicado asunto, os insistíamos en que siguierais solicitando las ayudas.
A fecha de hoy, del Plan de 2010/2011 está pendiente el pago de las siguientes ayudas:
a) Compensación de matrícula por estudios universitarios en Universidades Públicas.
b) Ayudas para el cuidado de hijos menores de tres años.
c) Ayudas para la escuela infantil de la Universidad de Huelva.
d) Ayudas para las enseñanzas impartidas en el Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad de Huelva.
Del Plan de 2011/2012 no se ha resuelto nada, ni siquiera provisionalmente.
Desde CSIF hemos solicitado insistentemente que se convoque la Comisión de Acción Social y se informe a todos/as los trabajadores/as realmente de cuál es la situación en la que nos encontramos, por ello pedimos ahora al nuevo Equipo Rectoral que de una vez por todas se reúna la Comisión de Acción Social y se resuelvan y abonen las ayudas solicitadas.

CSIF Andalucía exige saber en Mesa General cómo les afectará a los Empleados Públicos andaluces la congelación de salarios dictada por el Ejecutivo Central

La Central Sindical pide a la consejera de Hacienda y Administración Pública la convocatoria urgente de la Mesa General de la Función Pública y anuncia nuevas protestas de continuar los recortes a los Empleados Públicos andaluces
27 de septiembre de 2013


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Andalucía exige la convocatoria urgente de la Mesa General de Función Pública para conocer cuanto antes cómo afectará al salario de los Empleados Públicos andaluces la medida de congelación salarial para 2014 dictada por el Ejecutivo central y para saber si la Administración andaluza va a reconsiderar el recorte de la paga adicional en la extra de diciembre de 2013 que el Gobierno Central sí se ha comprometido a pagar en su totalidad, hecho denunciado reiteradamente por CSIF Andalucía.
Tanto los Empleados Públicos andaluces y como CSIF Andalucía, como primera fuerza sindical de la Función Pública andaluza, exigen su derecho a saber cuanto antes qué va a hacer la Junta de Andalucía con sus salarios, una vez conocida la medida del Gobierno de Rajoy. Por ello, CSIF Andalucía, en la responsabilidad de ser el primer sindicato de los Empleados Públicos andaluces, exige a la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, la convocatoria urgente de la Mesa General de la Función Pública para que explique estas medidas y para exigirle que restituya íntegramente la paga extraordinaria de diciembre, cuyos complementos autonómicos ya han sido retraídos a los Empleados Públicos andaluces en el mes de junio en contra de lo realizado por la Administración Central, que sí la abono de manera íntegra.
Así, CSIF Andalucía pide a la consejera de Hacienda y Administración Pública que la Junta de Andalucía no siga castigando a sus Empleados Públicos con medidas que los han convertido en los más castigados y recortados de España, y que han visto cómo han perdido casi 40 por ciento de sus retribuciones en estos últimos años con las medidas diseñadas y ejecutadas tanto del Gobierno Central como del Ejecutivo Autonómico.
Los Empleados Públicos andaluces han visto incrementada además su jornada en 2,5 horas semanales, perdiendo días de vacaciones, ayudas de acción social y todos los descuentos económicos ejecutados por ambos gobiernos. Por ello, ante la nueva e injusta congelación dictada por el Ejecutivo central, CSIF Andalucía solicita a la Junta de Andalucía que no dañe, aún más, a sus propios Empleados Públicos.
En este sentido, CSIF Andalucía recuerda que los Empleados Públicos andaluces ya han sufrido agravios con respecto a los de la Administración Central, que la paga extra de junio la cobraron íntegra mientras en Andalucía fueron recortados los complementos autonómicos, hecho que se repetirá ahora en diciembre. Por ello, esta Central Sindical pide al Ejecutivo de Susana Díaz que restituya íntegramente la paga extra de diciembre y despeje cualquier duda sobre las del año 2014, y a la vez nos sentemos a negociar la recuperación de la acción social los días de libre disposición así como la jornada laboral.
CSIF Andalucía no va a consentir nuevas agresiones contra los Empleados Públicos y anuncia que convocará movilizaciones en una nueva campaña de acciones de protesta que está diseñando para los próximos meses en todas las provincias andaluzas.
Por último, CSIF Andalucía recuerda que espera también, como primera fuerza de la Función Pública, ser convocada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para analizar y tratar estos y otros temas y evitar un nuevo ataque contra los derechos sociolaborales y económicos de los Empleados Públicos andaluces. 

CSI·F Universidad Andalucía

jueves, 26 de septiembre de 2013

CSIF pide una oferta de empleo para evitar “el colapso o la privatización” del sector público



El sindicato plantea realizar un plan de recursos humanos donde se evalúen las necesidades de la Administración
En los últimos años se han destruido a nivel nacional más de 370.000 puestos de trabajo en el sector público. Una cifra preocupante, según el sindicato CSIF, que repercute directamente en el funcionamiento de las administraciones. Por este motivo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios plantea que se realice un plan de recursos humanos donde se evalúen las necesidades de la Administración y, en base a los datos obtenidos, lanzar una convocatoria de oferta de empleo público para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos. De no realizarse, asegura CSIF, el sector estaría abocado al colapso o a la privatización.

Un sector en el que, además, los trabajadores han retrocedido más de 15 años en materia de derechos laborales y salariales. En este sentido, y a expensas de conocer de primera mano el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año en materia de personal, el sindicato espera que no se contemplen nuevos ajustes en materia de prestaciones sociales y, en concreto, que los empleados públicos no vuelvan a ser objetivo de más recortes en sus remuneraciones.

Para poder garantizar esta estabilidad salarial, la Central Sindical ha pedido a nivel nacional la convocatoria urgente de la Mesa General de negociación para poner en común el plan presupuestario. El sindicato entiende que la información debe trasladarse de primera mano a los representantes legítimos de los trabajadores y no a través de los medios de comunicación como suele ser habitual.

En todo caso, y a la espera de saber con exactitud las cuentas del Estado, CSIF reclama una actualización razonable de las retribuciones de los empleados públicos para compensar la pérdida de poder adquisitivo (más del 30 por ciento) arrastrada a lo largo de los últimos cinco años. “Con la congelación de retribuciones no se va a salir de la crisis -entiende la Central Sindical-, al contrario, se ha demostrado que con la merma de los salarios se reduce el consumo y por extensión se lastra el crecimiento económico”.

Por otra parte, CSIF reivindica la devolución de la paga extra eliminada en 2012 y - como primer paso- el reintegro de los días devengados, en línea con los pronunciamientos judiciales que se están sucediendo en toda España. Para ello, la organización solicita que se habilite una partida extraordinaria en los presupuestos entendiendo que “los efectos de esta compensación, sin duda, serían un incentivo para la economía”.

En cuanto a otros derechos laborales perdidos, se exige la restitución total de los días de libre disposición. De producirse -tal y como apuntan las últimas noticias-, sería fruto de las presiones de CSIF y del resto de representantes de los trabajadores demostrando que “el decreto de medidas de recorte de 2012 no solo fue injusto sino que no ha servido para nada salvo para asestar un golpe moral al conjunto de los empleados públicos”.

Reforma administrativa

En cuanto al plan de reforma de las Administraciones Públicas, del que se conocen poco detalles, CSIF reclama un análisis riguroso de las plantillas para evitar nuevos despidos. El sindicato propone que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y la Administración Local acometan de manera urgente una relación de personal ante el desfase de datos de las plantillas.

Así, mientras el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, actualizado únicamente hasta julio de 2012, habla de 2,6 millones de empleados públicos, la Encuesta de Población Activa (EPA) eleva la plantilla en el segundo trimestre de ese año a 3 millones. Esta circunstancia hace que varíen significativamente las cifras de destrucción de empleo público, que se elevan a 375.000 desde la aplicación de las políticas de ajuste del Ejecutivo central.

La organización considera necesario este plan de recursos humanos con el fin de planificar la prestación de servicios, la distribución de efectivos y evitar nuevos despidos o el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Finalmente, CSIF cree que los empleados públicos “ya han cubierto el cupo de despidos” y en vez de prescindir de puestos de trabajo apuesta por favorecer la movilidad, la correcta planificación y el refuerzo de servicios donde sea necesario.

miércoles, 17 de julio de 2013

El Gobierno andaluz aprueba la oferta de titulaciones y las tasas universitarias para el próximo curso

El Gobierno andaluz ha aprobado el catálogo de titulaciones y las tasas académicas de las universidades públicas de la comunidad autónoma para el curso 2013/2014. ENLACE a la noticia.

miércoles, 10 de julio de 2013

 FORO DE PREVENCIÓN

Podéis consultar el Foro de Prevención número 5 del año 2013 pinchando en este ENLACE.


lunes, 24 de junio de 2013

DÍA INTERNACIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


miércoles, 6 de marzo de 2013

8 de marzo, día internacional de la mujer. 




No hace mucho tiempo, pensábamos que algún día alcanzaríamos la igualdad real porque ya se nos había reconocido, al menos formalmente, a través de diferentes leyes y políticas específicas.

La línea entre la igualdad real y formal se empezaba a estrechar. Sin embargo, a lo largo de últimos años hemos comprobado cómo se vuelve a distanciar, que los avances fueron un espejismo y que aún disponiendo de abundante legislación y organismos dedicados a promover las políticas de igualdad, no se ha llegado a alcanzar el objetivo fundamental: "Que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades".

Se está distanciando tanto la igualdad real de la formal, que solo llegando a instancias judiciales, por cierto casi siempre europeas, se pone fin a los atropellos que se producen en materia de igualdad.

Una de los aspectos que vemos con mayor preocupación es la recién estrenada Ley de Tasas. Si la estrategia de este Gobierno, consiste en denegar lo ya reconocido por la ley, para desviar el asunto a los juzgados, nos encontraremos claramente indefensas. El efecto recaudatorio de la norma es muy atractivo, teniendo en cuenta la situación de las arcas del Estado, sin embargo entendemos que produce un efecto disuasorio muy perverso.

Este pasado año, una trabajadora a tiempo parcial durante 18 años comprobó cómo le denegaron la pensión de jubilación porque no tenía el periodo de cotización suficiente. Fue el Tribunal de Justicia de la UE quien señalo que existía discriminación indirecta en la aplicación de esta norma, teniendo en cuenta que perjudica a un número mucho mayor de mujeres que hombres, contraviniendo la Directiva sobre Igualdad entre Hombres y Mujeres.

CSI-F defiende la conciliación entre la vida familiar, personal y laboral. La conciliación es un derecho íntimamente relacionado con la promoción de igualdad entre sexo, además de poner coto a roles patriarcales que sitúan a la mujer en una posición inferior y desigual respecto al hombre.
Pero además, las políticas de conciliación tienen un efecto directo sobre la productividad de la empresa. Está demostrado que la felicidad y el bienestar de los trabajadores se traslada a la empresa o administración, convirtiéndola en más rentable, más productiva y más competitiva.
La Administración debe ser ejemplo en las políticas de conciliación e igualdad de oportunidades. Sin embargo, en estos momentos la administración va a contracorriente y estamos retrocediendo en derechos: ampliación de jornada, reducción de días de libre disponibilidad, rigidez de horarios, por no hablar de la situación de abandono en la que se encuentra el proyecto del teletrabajo.

Además, hemos llegado a un punto en el que la Administración se permitió denegar a un trabajador, el permiso de lactancia, aduciendo que la madre no trabaja y por tanto, no puede ceder el derecho al padre. Se trató de una decisión discriminatoria, trasnochada y retrógrada.

Gracias a la presión e intervención de CSI-F, el Ministerio de Hacienda rectificó y cambió finalmente el sentido de la resolución. De esta manera, la Función Pública ha reconocido por primera vez el pleno derecho al disfrute del permiso de lactancia de un padre empleado público con independencia de la situación laboral de la madre, trabaje o no. Este es un triunfo del que todas nos debemos felicitar y animamos a los padres para que hagan uso de este derecho con normalidad, para que no quede en papel mojado.

Asignaturas pendientes quedan muchas. Nos preguntamos dónde esta la ampliación del permiso de paternidad de 4 semanas, prevista legalmente a partir de 2011, y que ha quedado suspendida indefinidamente, manteniéndose por tanto en los 15 días. La reforma laboral genera más dificultades, al modificarse las condiciones laborales unilateralmente e imposibilitan todavía más la conciliación.
También resulta muy curioso que las recomendaciones de Bruselas, donde se recortan salarios y derechos se aplican al pie de la letra, y por el contrario la realizada por la comisaria Viviane Reading, sobre incremento de mujeres en los Consejos de Administración, sea rechazada con rotundidad, para mantener los refugios financieros acaparados por las cuotas masculinas.

A quienes todavía se cuestionen la existencia de organismos y organizaciones que trabajan por lograr la Igualdad, deben comprobar cómo la intervención ágil y contundente de estas instituciones, consigue que se rectifiquen conductas y acciones que agreden el principio de igualdad.

En este contexto nos encontramos y volvemos a conmemorar el día 8 de marzo, día de la mujer, con más ímpetu y fuerza que nunca. CSI-F, está convencido de que es necesaria esta celebración para recuperar el terreno perdido aunque sea acudiendo a instancias judiciales europeas que tiren de las orejas y vengan a decir que las leyes nacionales no pueden ir contra las Directivas Europeas y de la Igualdad.

Pongamos en valor la Igualdad. Las políticas de igualdad no son una materia secundaria, auxiliar y fácilmente prescindibles. Por el contrario, son el único camino para alcanzar la justicia social, el equilibrio y la plena dignidad de la persona.

martes, 12 de febrero de 2013

ALEGACIONES QUINQUENIOS


De carácter formal
  1. Se presenta a información pública una propuesta de “Normativa sobre procedimiento para la solicitud y evaluación de los complementos por méritos docentes (quinquenios)”. Esta normativa es sustancialmente coincidente con la “Instrucción Rectoral sobre procedimiento para la solicitud y evaluación de los complementos por méritos docentes (quinquenios)”, de 10 de diciembre de 2012.
    1. Dicha Instrucción Rectoral tiene un doble contenido: a) amplía el plazo para presentar la solicitud de los complementos hasta 21 de enero de 2013; b) regula el procedimiento y los criterios para la obtención de los mismos
    2. Respecto de su segundo contenido, tal Instrucción Rectoral presenta graves vicios de nulidad de pleno derecho de índole formal:
      1. Ha sido aprobada con incompetencia manifiesta del Sr. Vicerrector de Ordenación Académica y de Profesorado, pues aun en el caso en que hubiera actuado por delegación del Sr. Rector (lo que no consta), es el Consejo de Gobierno de la Universidad el órgano que ostenta la competencia para aprobar la normativa que contiene la Instrucción Rectoral.
      2. En todo caso, la Instrucción Rectoral se ha aprobado sin seguir el procedimiento establecido en la Universidad de Huelva para la aprobación de reglamentos.
    3. La concurrencia de vicios de tal envergadura, unida al inicio de tramitación de esta nueva normativa expuesta a información pública el 5 de febrero de 2013, plantea la siguiente disyuntiva: a) Se tiene por inexistente la Instrucción Rectoral, salvo en lo que afecta a la ampliación del plazo; b) La Normativa que en su día apruebe el Consejo de Gobierno, tras la tramitación de la propuesta sobre la que ahora se efectúan estas alegaciones, derogará la Instrucción Rectoral.
      1. Con la finalidad de salvar en lo posible las responsabilidades en que haya podido incurrir el Sr. Vicerrector, sería conveniente que el Consejo de Gobierno, en el trance de pronunciarse y en su caso aprobar la Normativa sobre la que versan estas alegaciones, se pronunciara expresamente sobre la inexistencia de la Instrucción Rectoral referida, con la salvedad de lo concerniente al plazo de presentación de solicitudes
      2. La consecuencia que derivaría de lo anterior se cifra en que no sería de aplicación tal Instrucción, excepto la ampliación del plazo, a las solicitudes presentadas para la evaluación de los complementos docentes, en su convocatoria 2012. Lógicamente, tampoco lo sería la Normativa que a resultas de este procedimiento se apruebe, con la salvedad de lo que más adelante se manifestará acerca de la inclusión de una disposición transitoria en dicha normativa. Se desprende de ello que la convocatoria 2012 ha de resolverse, a reserva de situaciones amparadas por el régimen transitorio que necesariamente ha de incluir la nueva Normativa, siguiendo el procedimiento vigente en la actualidad y con los requisitos vigentes en la actualidad, que no contemplan la intervención de Comisión Técnica alguna ni otros criterios añadidos a la simple condición profesional que permite el acceso a la evaluación.
    4. En todo caso, la Instrucción se dio a conocer una vez abierto el plazo para la solicitud de los complementos. En consecuencia, no puede ser aplicada a quienes presentaron su solicitud con anterioridad a la misma. A estas personas debe aplicarse el procedimiento vigente en la actualidad y los requisitos vigentes en la actualidad, a reserva de situaciones amparadas por el régimen transitorio que necesariamente ha de incluir la nueva normativa
  2. El anuncio de apertura del trámite de información se ha comunicado a la Comunidad Universitaria el martes 5 de febrero. El plazo para evacuar el trámite es de quince días, que han de entenderse hábiles. Sin embargo, en la comunicación de apertura del plazo se señala que son días naturales, de modo que este error ha de ser corregido. En todo caso, debe corregirse la fecha de finalización del plazo, ya que incluso en cómputo de días naturales terminaría el día 20 de febrero y no, como se indica, el 15 de febrero de 2013.
De carácter sustantivo
  1. El apartado cuarto (criterios de evaluación) mezcla requisitos objetivos (tipos de docencia) y situaciones subjetivas. Debería clarificarse la estructura del apartado.
  2. El apartado cuarto (criterios de evaluación), primer supuesto (docencia en grado, posgrado, licenciatura, ingeniería, diplomatura y doctorado), asigna 0,5 puntos a la docencia a tiempo parcial. Debe corregirse para asignar 1 punto a las personas que durante el periodo evaluado tuvieron contratos con dedicación a tiempo parcial y que acrediten que durante tal periodo no han mantenido actividad laboral, empresarial o profesional y en consecuencia sólo han prestado servicios en la Universidad. La justificación de ello es la misma que motivó la inclusión de la Disposición Transitoria 4ª, apartado d), en la versión original de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-an-l15-2003.t6.html#dt2 )
  3. El apartado cuarto (criterios de evaluación), segundo supuesto (actividad docente desarrollada durante los periodos de beca, debidamente autorizada conforme a las bases de la convocatoria de la misma y documentada), asigna 0,5 puntos. Debe corregirse para asignar 1 punto y especificar que para la obtención basta con efectuar una declaración de veracidad por parte del solicitante acerca de la efectiva impartición de docencia, con independencia de lo que señalaran las bases de la convocatoria. Ello se justifica en que:
    1. Los becarios han realizado sus prestaciones en régimen de exclusividad y a tiempo completo para la Universidad
    2. En casos no infrecuentes, han impartido clases al margen de lo dispuesto en las convocatorias de becas y sin que las prestaciones docentes hayan figurado en POD
    3. Así se ha reconocido en otras Universidades de nuestro entorno y es el régimen reconocido a algunos profesores de nuestra Universidad
    4. La prueba documentada es una carga muy difícil o imposible habida cuenta el tiempo que haya podido transcurrir y las circunstancias que en ocasiones han rodeado la docencia del becario. De ahí que se estime suficiente la declaración de veracidad.
  4. No se especifican los requisitos para obtener la evaluación positiva a que hace referencia repetidas veces el apartado cuarto. Ello genera inseguridad jurídica y supone un riesgo de arbitrariedad. De mantenerse la necesidad de una evaluación positiva, deben fijarse en consecuencia criterios específicos
    1. En todo caso, y si se llegaran a fijar criterios específicos, debe dejarse a salvo la situación de las profesoras que en el periodo evaluado estuvieron en situación de baja motivada por embarazo, así como de las que disfrutaron del permiso de maternidad o del de lactancia. Igualmente debe dejar a salvo la situación de las profesoras que se acogieron al régimen de excedencia por cuidado de hijos.
  5. No se aclara a qué cargos académicos se les presume la evaluación positiva (apartado cuarto, punto cuarto). Debería especificarse cuáles son estos cargos.
  6. Tampoco se especifica en qué consiste la evaluación positiva y de qué instancia depende la misma o a través de qué instrumento se entiende alcanzada tal valoración. A tenor de la propuesta de Normativa, no parece que se trate del juicio de oportunidad que, según figura en la propuesta de Normativa, ha de manifestar en su informe la Comisión Técnica. Ello es así porque, presumiéndose la evaluación positiva en determinados supuestos (apartado cuarto, punto cuarto), todas las solicitudes, sin excepción, han de someterse al juicio de oportunidad de la Comisión Técnica (apartado segundo). De mantenerse la necesidad de una evaluación positiva, deberían especificarse los elementos sustanciales y definidores de la misma.
    1. En relación con lo anterior, es necesario recordar el importante y tantas veces olvidado artículo 78.2 de la Ley 30/1992, a tenor del cual “Los resultados de los sondeos y encuestas de opinión que se incorporen a la instrucción de un procedimiento deberán reunir las garantías legalmente establecidas para estas técnicas de información así como la identificación técnica del procedimiento seguido para la obtención de estos resultados”.
    2. El precepto citado impide que las encuestas de opinión del alumnado puedan ser utilizadas a los efectos que aquí tratamos, puesto que, al margen de otras razones de índole técnica: 1) en el momento de realizar las encuestas no se identifica a las personas que las cumplimentan; 2) en consecuencia, no son fiables porque no se constata si las personas que las cumplimentan se encuentran matriculadas en la asignatura; 3) no se articula ningún trámite de recusación en garantía de la imparcialidad de las respuestas; 4) no se controla que el alumnado que las cumplimenta dispone de los suficientes elementos de juicio como para realizar el trámite con garantías de conocimiento (caso de ser estudiantes de la asignatura, no se sabe si han asistido a clase; caso de ser asistentes, si acudieron a todas las clases; caso de ser estudiantes, si manejaron las bibliografías recomendadas; caso de ser estudiantes, si acudieron a tutoría…)
    3. En consecuencia, se sugiere que en modo alguno la evaluación positiva, de mantenerse, pueda realizarse a partir de las encuestas del alumnado.
  7. El apartado segundo de la Normativa asigna a la Comisión Técnica la emisión de un informe de oportunidad sobre el reconocimiento del complemento docente. En la medida en que no se establecen parámetros que acoten el margen de decisión discrecional de la Comisión Técnica, el supuesto adolece de falta de seguridad jurídica y, desde luego, puede entrañar una forma de arbitrariedad. Por ello, se sugiere que el informe de la Comisión Técnica, caso de mantenerse este órgano y tal informe, lo sea de estricta legalidad y, en consecuencia, que manifieste un juicio reglado.
  8. El mismo apartado segundo contempla un segundo informe de la Comisión de Ordenación Académica, del que no se establece perfil alguno y que, como el anterior de la Comisión Técnica, debe entenderse reglado de manera que no puede versar sino sobre cuestiones de legalidad, extremo éste que revela la inutilidad en términos de procedimiento del mencionado informe, pues carece de sentido la duplicidad de informes reglados sobre un mismo aspecto de la decisión que se ha de adoptar. Tal reiteración de informes supone una demora en la resolución de los expedientes que no tiene justificación, por lo que se sugiere que se elimine la intervención de la Comisión de Ordenación Académica o, en otro caso, la de la Comisión Técnica.
  9. En todo caso, se hace notar que no es necesario informe alguno ni, en consecuencia, intervención de tal Comisión Técnica o de la Comisión de Ordenación Académica si las resoluciones de concesión del complemento son, como han de serlo, regladas y la normativa al efecto es clara y precisa, como ha de serlo. Si acaso, sólo sería necesario un informe en los casos en los que se aprecie que el interesado no reúne los requisitos para obtener el reconocimiento del complemento; en estos supuestos, habría que poner en conocimiento del interesado las razones que en su caso justificarían una resolución negativa para que el mismo pudiera efectuar alegaciones; estas alegaciones habrían de ser examinadas por la Comisión Técnica o por la Comisión de Ordenación Académica, que, a la vista de las mismas, habría de emitir el informe previo a la resolución rectoral.
  10. La propuesta de Normativa carece de previsiones específicas acerca de la situación de quienes, habiendo presentado su solicitud en la última convocatoria abierta, no han obtenido respuesta. Desde la premisa de la inexistencia de la Instrucción Rectoral de 16 de diciembre de 2012, se propone la inclusión de una Disposición Transitoria que permita a quienes hayan presentado la solicitud de complementos optar entre el régimen actual vigente o el que se derive de la nueva Normativa que en su caso se apruebe, entendiéndose la ausencia de manifestación expresa al efecto como opción a favor de la aplicación de la normativa vigente antes de la aprobación de la nueva normativa.