El gobierno del PP pretende aprobar otra reforma del sistema universitario sin debate con la comunidad universitaria, sin debate político ni social, sin una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa y sin una justificación creíble de sus propuestas.
Los cambios legislativos que nos ha impuesto comenzaron en 2012 con una modificación de la Ley Orgánica de Universidades vía Real Decreto-Ley que aumentó los precios de las matriculas para acercarlas al coste real de los estudios, subiéndolos significativamente en muchas comunidades; estableció una nueva regulación de la dedicación docente del profesorado e incorporó varias reglas para que las comunidades autónomas limiten y controlen el gasto de las universidades.
Continuó fijando nuevos requisitos para la concesión de becas y ayudas al estudio e implantando una fórmula de cálculo que implica la disminución de sus cuantías. Además, las sucesivas leyes de presupuestos generales del estado y de las comunidades autónomas establecieron nuevos recortes en los fondos destinados a becas y a transferencias corrientes para las universidades e impusieron nuevas limitaciones para la contratación de personal con la imposición de una ridícula tasa de reposición.
También ha cambiado el sistema de acceso del alumnado a la universidad en aplicación de la LOMCE, y, en los últimos meses de su mandato, el gobierno se plantea aprobar tres reales decretos que modificarán la ordenación de las enseñanzas universitarias, los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora.
Las organizaciones firmantes de este manifiesto rechazan estas iniciativas que pretenden convertir las universidades en empresas de servicios educativos.
No podemos aceptar una reforma que se aprobará sin evaluar los nuevos grados que comenzaron a implantarse en 2007 en el marco del Plan Bolonia y que, lejos de facilitar la internacionalización de los estudiantes homogeneizando la duración con los estudios de los países de nuestro entorno, generará nuevas disfunciones porque, como señala el Consejo de Estado en su dictamen del 15 de enero, “Parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso, con la redacción del proyecto, de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra”. Lo que podría incrementar todavía más las desigualdades entre comunidades.
Además, si tenemos en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas, estas transformaciones dificultarán el acceso a la Educación Superior al alumnado con menos poder adquisitivo y, a la postre, darán lugar a una disminución significativa del número de estudiantes universitarios.
Por otro lado, la reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de alumnos tendrá un impacto negativo en la financiación de las universidades y el empleo, dando lugar a una reconversión del sector que no vamos a aceptar.
Las organizaciones firmantes de este comunicado rechazan las reformas que plantea el gobierno y piden a la comunidad universitaria que se sume al rechazo.
NO AL 3+2 QUE ENCARECE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EXPULSARÁ AL ALUMNADO CON MENOS PODER ADQUISITIVO
NO A LA DESREGULACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN EN LA CREACIÓN DE CENTROS Y UNIVERSIDADES
NO A UN SISTEMA DE ACREDITACIÓN MENOS OBJETIVO Y TRASPARENTE
