El
sindicato plantea realizar un plan de recursos humanos donde se
evalúen las necesidades de la Administración
En
los últimos años se han destruido a nivel nacional más de 370.000
puestos de trabajo en el sector público. Una cifra preocupante,
según el sindicato CSIF, que repercute directamente en el
funcionamiento de las administraciones. Por este motivo, la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios plantea que se realice un
plan de recursos humanos donde se evalúen las necesidades de la
Administración y, en base a los datos obtenidos, lanzar una
convocatoria de oferta de empleo público para garantizar el
mantenimiento de los servicios públicos. De no realizarse, asegura
CSIF, el sector estaría abocado al colapso o a la privatización.
Un
sector en el que, además, los trabajadores han retrocedido más de
15 años en materia de derechos laborales y salariales. En este
sentido, y a expensas de conocer de primera mano el proyecto de los
Presupuestos Generales del Estado para el próximo año en materia de
personal, el sindicato espera que no se contemplen nuevos ajustes en
materia de prestaciones sociales y, en concreto, que los empleados
públicos no vuelvan a ser objetivo de más recortes en sus
remuneraciones.
Para
poder garantizar esta estabilidad salarial, la Central Sindical ha
pedido a nivel nacional la convocatoria urgente de la Mesa General de
negociación para poner en común el plan presupuestario. El
sindicato entiende que la información debe trasladarse de primera
mano a los representantes legítimos de los trabajadores y no a
través de los medios de comunicación como suele ser habitual.
En
todo caso, y a la espera de saber con exactitud las cuentas del
Estado, CSIF reclama una actualización razonable de las
retribuciones de los empleados públicos para compensar la pérdida
de poder adquisitivo (más del 30 por ciento) arrastrada a lo largo
de los últimos cinco años. “Con la congelación de retribuciones
no se va a salir de la crisis -entiende la Central Sindical-, al
contrario, se ha demostrado que con la merma de los salarios se
reduce el consumo y por extensión se lastra el crecimiento
económico”.
Por
otra parte, CSIF reivindica la devolución de la paga extra eliminada
en 2012 y - como primer paso- el reintegro de los días devengados,
en línea con los pronunciamientos judiciales que se están
sucediendo en toda España. Para ello, la organización solicita que
se habilite una partida extraordinaria en los presupuestos
entendiendo que “los efectos de esta compensación, sin duda,
serían un incentivo para la economía”.
En
cuanto a otros derechos laborales perdidos, se exige la restitución
total de los días de libre disposición. De producirse -tal y como
apuntan las últimas noticias-, sería fruto de las presiones de CSIF
y del resto de representantes de los trabajadores demostrando que “el
decreto de medidas de recorte de 2012 no solo fue injusto sino que no
ha servido para nada salvo para asestar un golpe moral al conjunto de
los empleados públicos”.
Reforma
administrativa
En
cuanto al plan de reforma de las Administraciones Públicas, del que
se conocen poco detalles, CSIF reclama un análisis riguroso de las
plantillas para evitar nuevos despidos. El sindicato propone que
tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y la
Administración Local acometan de manera urgente una relación de
personal ante el desfase de datos de las plantillas.
Así,
mientras el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, actualizado únicamente hasta julio de
2012, habla de 2,6 millones de empleados públicos, la Encuesta de
Población Activa (EPA) eleva la plantilla en el segundo trimestre de
ese año a 3 millones. Esta circunstancia hace que varíen
significativamente las cifras de destrucción de empleo público, que
se elevan a 375.000 desde la aplicación de las políticas de ajuste
del Ejecutivo central.
La
organización considera necesario este plan de recursos humanos con
el fin de planificar la prestación de servicios, la distribución de
efectivos y evitar nuevos despidos o el empeoramiento de las
condiciones de trabajo. Finalmente, CSIF cree que los empleados
públicos “ya han cubierto el cupo de despidos” y en vez de
prescindir de puestos de trabajo apuesta por favorecer la movilidad,
la correcta planificación y el refuerzo de servicios donde sea
necesario.
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