miércoles, 11 de enero de 2017

Primeras propuestas de CSI·F sobre universidades para un Pacto de Estado por la Educación


Ante el inicio de negociaciones para conseguir un Pacto de Estado por la Educación, CSI·F defenderá los siguientes puntos básicos que contribuirían a mejorar el sistema universitario español y la situación del profesorado y el personal de administración y servicios.
Ø  Acabar con los recortes y acordar un nuevo modelo de financiación universitaria
Demandamos un marco de financiación estable que permita programas plurianuales y una planificación a medio plazo.
El sistema universitario español sigue inmerso en la crisis: la inversión pública se redujo un 17% y el gasto de España en educación superior, medido como porcentaje del PIB, es inferior a la media de la Unión Europea, ocupando la posición 26 de los 31 países de la OCDE.
Las plantillas están diezmadas (reducción de 7.111 trabajadores en el período 2012-2016 con un porcentaje del 7’1% sumando profesorado y personal de administración y servicios).
Para CSI·F hay que olvidar el concepto de tasa de reposición y sustituirlo por techos de gasto en el capítulo I de personal, permitiendo a las universidades desarrollar sus propias políticas de plantillas dentro de sus disponibilidades presupuestarias.
Ø  Apoyar la Investigación y la Ciencia realizando un mayor esfuerzo público y privado en I+D+i
Los fondos públicos para investigación se han reducido en un 21% y la financiación privada en un 47%.
El Pacto de Estado debe alcanzar a la Investigación y la Ciencia asegurando un porcentaje mínimo del PIB que permita convocatorias regulares, dotación de equipos y la incorporación de recursos humanos para la I+D+i.
Por otro lado, tenemos que implementar medidas que tiendan a generar oportunidades laborales que permitan el regreso de los investigadores que marcharon al extranjero e intentar convertir a España en un foco de circulación científica.
Ø  Aprobar un Estatuto del Personal Docente e Investigador
Se lo encomienda al gobierno la propia LOMLOU señalándole que debe diseñar una estructura de carrera funcionarial basada en la obtención de méritos, las condiciones para la gestión de la explotación de los resultados de la investigación o la excedencia por incorporación a empresa de base tecnológica.
CSI·F cree que el Estatuto del PDI debería regular el acceso, la promoción, las condiciones de trabajo, la carrera profesional y la orientación docente o de investigación. Temas claves, siempre objeto de controversia y que tendrían que tener un marco de regulación general.
El tratamiento que reciben las figuras docentes universitarias, especialmente las laborales, es muy diferente según las universidades. Desde CSIF consideramos que las condiciones de acceso, promoción, carga lectiva, régimen de dedicación, etc., deberían regularse y homologarse para no generar más precariedad y para no quedar al arbitrio de cada equipo rectoral.
Ø  Instaurar la carrera profesional y la promoción horizontal para el Personal de Administración y Servicios
Importante colectivo, muchas veces ignorado y que ha sufrido la crisis de manera desproporcionada, viendo recortados sus derechos salariales y laborales.
Para CSI·F el PAS de la universidad necesita poder configurar también una carrera profesional y una promoción horizontal, recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, y que ya está establecida en diferentes ámbitos en muchas administraciones públicas.
También deberían aprobarse procesos de consolidación para estabilizar en las plantillas la situación de miles de interinos.
Ø  Mejorar el sistema de becas y ajustar las tasas y precios públicos
La subida de tasas y precios públicos durante la crisis ha convertido a nuestra universidad en la cuarta más cara de Europa y nuestro sistema de becas se sitúa entre los más deficitarios de los países de la OCDE.
Es evidente la necesidad de una mayor dotación económica para promover la equidad, evitar la exclusión y garantizar la igualdad de oportunidades.
Para CSI·F, apoyar la universidad es apostar por la sociedad del conocimiento, contribuir a desarrollar la competitividad de nuestra economía y mejorar la calidad del empleo proporcionando más de 200.000 titulados/año al mercado laboral español.
10 de enero de 2017